Un esperpento legal por donde se le mire (#018)

Una muestra de cómo operan la política o los políticos en el país lo constituye el presente "Proyecto de ley que regula las intervenciones históricas" en el país: de espaldas a quienes esta supuesta ley pretende representar o defender. En ese sentido, hay que decir que el presente proyecto procede del despacho del congresista Alex Flores Ramírez, quien tiene como asesor al señor Guido Chati, uno de los principales promotores y defensores del Colegio de Historiadores, lo que en buena cuenta significa que ese colegio y cualquier inicitaiva legal relacionada a él es el resultado de una bien montada red de operadores políticos organizados en beneficio de sus intereses particulares antes que en el de la investigación histórica en el país.

Lo más grave de este proyecto es que en su artículo 6, incisos a y b, consideran una investigación histórica o un proyecto de investigación (incluidas las interdisciplinarias, lo que significa que están cubriendo todos los flancos), como una "intervención histórica", cuando se trata de un trabajo puramente intelectual, no material. Una investigación o un proyecto de investigación, en rigor, no es una intervención, señor Chati. Mañana, con esa misma lógica, van a legislar para que los artículos de divulgación histórica que se publican en diarios y revistas nacionales sean escritos por 'colegiados' bajo el argumento de que sobre lo que escriben constituye Patrimonio Cultural de la Nación, incluido el llamado patrimonio inmaterial. Esto es muy grave, amigos. Muy grave y muy sinvergüenza. Se trata del tendido de un cerco legal, primero, a quien no quiera colegiarse y, segundo y en consecuencia, de una práctica coerción a hacerlo si se quiere investigar en este país. PORQUE TODO SOBRE LO QUE SE INVESTIGA ES PATRIMONIO CULTURAL. Así de simple. ¡Qué mal! Además de que, en la práctica, se les exige a las entidades, públicas o privadas, determinar por el Colegio quiénes pueden o no participar en proyectos de investigación financiados por terceros. Es lo que se deduce del inciso b del artículo 7, que somete a los estudiantes de Historia al capricho del Colegio de Historiadores,

Por otro lado, el artículo 8, inciso a, no queda del todo claro: ¿quiere sumarse el futuro Colegio a la Comisión Técnica de Archivos, encargada de la evaluación de documentos a eliminar, o reemplazar en la misma a la Academia Nacional de la Historia, que tiene un representante en ella para esa función? Más claridad (o sinceridad) no estaría demás. En todo caso, resulta clamorosa la ignorancia de quien redactó la Exposición de Motivos del proyecto cuando afirma que “No obstante, el sector no considera las opiniones, comentarios y/o sugerencias de los profesionales en historia”. Un poco de investigación sobre lo que legisla les hubiera ahorrado el papelón.

¿Cómo calificar, en ese sentido, el artículo 9? ¿Le está diciendo al Archivo General de la Nación, ente rector del Sistema Nacional de Archivos (SNA), que haga mejor su trabajo o, en su defecto, que con su intervención lo va a hacer mejor? Me parece que al congresista Flores y su asesor Chati se les escapa el hecho de que un gran porcentaje, una amplia mayoría de los que trabajan en archivos históricos son historiadores de carrera y formación. Así que eso de que "es indispensable la Intervención Histórica" resulta innecesario y redundante. Lo que debería hacer es poner más clara las cosas, ser más sincero en sus intenciones: la intervención directa del Colegio de Historiadores en el SNA, y la potestad del nombramiento de sus colegiados en el mismo.

Para que este proyecto de ley funcione o tenga algo de coherencia (lo que pone de manifiesto que carece de ella) se han sacado de las mangas una ‘tipología’ de historiadores que es un mate de risa, un auténtico divertimento. Los hay desde el ‘historiador investigador’, el ‘historiador docente’ hasta el ‘historiador archivero’. Si ahondamos en esto (y creo que el congresista Flores y su asesor Chati no han reparado en ello), se desvirtúa todo el entramado teórico del supuesto intrusismo profesional que justificaba la creación del Colegio de Historiadores. El primer intruso es el Colegio mismo. En fin, se podrían decir muchas cosas más sobre este disparate legal que, espero, no se convierta en ley por aquello de sentir vergüenza ajena. (El proyecto no figura en la página web del congresista Flores Ramírez, y tampoco lleva los sellos y registros de que haya sido ingresado a la Mesa de partes de la Comisión respectiva, así como tampoco las firmas de los congresistas que se adhieren a la propuesta. Así que esperemos que solo sea una mala, una pésima idea que se le ha ocurrido al señor Chati en beneficio de su Colegio, y que para su pesar se ha filtrado).

Este Congreso si por algo ha destacado es por la serie de despropósitos que ha perpetrado uno tras otro. El más grave de todos, la contramarcha en la reforma universitaria. De concretarse este proyecto, este será tanto o más grave que el anterior. Ya que es la memoria histórica del país (esa que tanto les gusta a los promotores del Colegio mencionar) la que sufrirá las consecuencias de una ley que pone la respiración del CHP en la nuca (y los bolsillos) de todos los investigadores e historiadores del país.